Intag Santuario de Vida

Rebekah Hayden|25 Septiempre 2020

La Rana Arlequín hocicudo (Atelopus longirostris). Foto: Carlos Zorrilla

Una Acción Constitucional podría proteger los Derechos de la Naturaleza frente a los derechos económicos de las empresas transnacionales en el Valle de Intag en Ecuador.

El valle de Intag, en la provincia de Imbabura, al noroeste de Ecuador, debería ser un lugar tranquilo. Las montañas boscosas están cubiertas de una niebla tan espesa que los bosques subtropicales se conocen como bosques nublados.

Estos bosques albergan un tesoro de biodiversidad de las plantas y animales que se encuentran aquí, muchos de los cuales están en peligro crítico o en riesgo de extinción. Algunos no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Un estudio realizado en 2018 encontró 287 especies en peligro de extinción solo en la zona de Íntag. Ese número sigue aumentando a medida que se descubren nuevas especies.

En el fondo del valle, los agricultores tienen pequeñas parcelas de tierra, donde cultivan café, plátanos y otros cultivos de subsistencia. Sin embargo, bajo el subsuelo hay vetas de cobre. Para llegar a él, hay que destrozar parte del valle y de las montañas.

La minería

La región de Íntag ha sido un hervidero de conflictos desde principios de la década de 1990, cuando los mineros en búsqueda de cobre descubrieron las riquezas minerales del valle, y la comunidad expresó por primera vez su oposición. Desde entonces, las comunidades de Íntag han denunciado a las empresas mineras por violación de permisos y licencias. Desde entonces, dos empresas mineras se han visto obligadas a abandonar el lugar gracias a la resistencia pacífica pero decidida de la comunidad.

Respaldadas por el gobierno local, las comunidades han presentado pruebas de graves abusos de los derechos humanos, de la contaminación del río Junín, de la tala ilegal de árboles y del uso no autorizado de la tierra, y han exigido que se reconozca el área como zona libre de minería, destacando las otras fuentes de riqueza de la región, incluida su diversidad biológica y su potencial ecoturístico.

Un Estudio de Impacto Ambiental preliminar realizado en 1996 determinó que incluso una pequeña mina de cobre en la región de Intag provocaría una deforestación masiva y la contaminación de los cursos de agua con metales pesados. Predijo la reubicación de cuatro comunidades, la reducción de las lluvias y el aumento de la inestabilidad climática, una grave preocupación para una región que ya está en grave riesgo de cambio climático.

A pesar de todo esto, el gobierno sigue parcelando la tierra y vendiéndola a empresas transnacionales.

El proyecto de minería de cobre de Llurimagua tiene una historia complicada. La minera estatal ecuatoriana ENAMI y el gigante chileno Codelco empezaron a explorar el lugar en 2015, pero sólo después de que fueran custodiados por cientos de policías. El conflicto sobre cómo dividir las ganancias, la resistencia de la comunidad y un estudio de impacto ambiental con graves falencias han detenido la exploración desde 2018.

En 2019, el informe de la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo sobre el proyecto minero encontró flagrantes violaciones a la ley y sugirió fuertemente que el bosque dentro de la zona minera debería tener derechos debido a su importancia biológica. Ahora ENAMI planea vender su parte.

Minería

También en Imbabura, pero a cincuenta kilómetros al noreste de Llurimagua, la minera australiana SolGold tiene la concesión minera Cascabel, que podría igualar a la mina de cobre Escondida de Chile en tamaño si se desarrolla. En 2019, la Contraloría General de Ecuador publicó los resultados de una investigación especial que reveló numerosas irregularidades vinculadas al proyecto.

Justo cerca de Cascabel, las operaciones están degenerando en un fiasco en una concesión de Hanrine, filial de Hancock Prospecting, y propiedad de la persona más rica de Australia, Gina Rinehart.

En 2019, los militares tuvieron que expulsar a miles de mineros ilegales de la concesión, mientras que en los últimos meses el director general de Hanrine fue detenido por posesión de armas de tipo militar y su principal campamento minero fue incendiado. La minería ilegal ha contribuido a una serie de problemas sociales en los municipios cercanos, y ahora los lugareños desconfían también de la gran minería industrial.

BHP también tiene una concesión cerca del proyecto Cascabel de SolGold. Al igual que las otras, es una zona exuberante de bosques nubosos primario y secundario. El 27 de agosto, las autoridades locales pidieron la paralización de todos los proyectos mineros en la zona por temor a avivar los conflictos sociales y la contaminación ambiental.

Impacto

BHP se perfila como la empresa minera que podría tener el mayor impacto en la región. No sólo tiene cinco concesiones en la zona de Íntag, sino que, como accionista mayoritario de SolGold, con una participación del 14,7%, también se beneficia de sus concesiones. BHP ha estado bajo un acuerdo de statu quo con SolGold que expira en octubre, lo que le permite hacer una oferta por la empresa. BHP también es uno de los principales contendientes en la carrera por comprar la participación de ENAMI en Llurimagua, junto con Hanrine.

Si BHP gana sus ofertas tanto por SolGold como por la parte de ENAMI en Llurimagua, no sólo tendría el mayor número de concesiones en la región, sino que sus posesiones en todo Ecuador sumarían más de 300.000 hectáreas.

Como la mayor empresa minera del mundo, a BHP le gusta proyectar la imagen que es social y ambientalmente responsable. Esa no ha sido la experiencia de la gente sobre el terreno en Intag.

Las concesiones de BHP en Intag cubren miles de hectáreas de las cuencas hidrográficas de los comunidades y locales, reservas de bosque primario y secundario, tierras de cultivo y las fuentes de agua de varias comunidades. También cubren tierras de cultivo y siete comunidades que consideran que la venta de tierras para la minería es ilegal, ya que nunca fueron consultadas por el gobierno ni dieron su consentimiento, lo que supone una violación directa de la Constitución ecuatoriana.

BHP obtuvo los permisos y llevó a cabo sus primeras exploraciones en busca de cobre sin el consentimiento de la comunidad, y ha intentado en repetidas ocasiones dividirla. En enero de 2020, las comunidades afectadas votaron para declarar el área como zona libre de minería. Hace casi tres años que BHP no puede acceder a la concesión.

Protecciones

BHP tiene una política clar que establece que no explorará ni extraerá recursos dentro de los límites de las áreas protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) o adyacentes a ellas, ni operará donde haya riesgo de causar la extinción de especies amenazadas de la Lista Roja de la UICN.

Sin embargo, cinco de las concesiones de BHP se encuentran dentro de la Zona de Amortiguamiento de la Parque Nacioal Cotacachi-Capayas, el hábitat de varias especies incluidas en la lista de la UICN; hay al menos dos especies incluidas en la lista de la UICN en LLurimagua; y muchas más en las concesiones que podría heredar si también puja por SolGold.

Con la Junta General de Accionistas de BHP que se celebrará el 14 de octubre, existe una pequeña esperanza de que la presión de los accionistas pueda advertir a BHP de que no invierta más en estos proyectos.

Ecuador es único en el mundo no sólo por reconocer que la naturaleza tiene derechos, sino por incluirlos en su Constitución. DECOIN (Organización para la Defensa y Conservación Ecológica de Intag), el equipo que lleva el caso de los Derechos de la Naturaleza de Llurimagua, cree que los Derechos de la Naturaleza son equivalentes al derecho a la vida, y que ambos derechos son violados por los derechos económicos de las empresas transnacionales.

La Reserva Biológica Los Cedros también presentó un caso basado en los Derechos de la Naturaleza en la Corte Constitucional, argumentando que se le debe dar a los Bosques Protegidos mayor protección frente a la minería y otras industrias extractivas.

El buen vivir

Carlos Zorrilla, uno de los fundadores de DECOIN, afirma que una sentencia positiva para el caso de Lluriamgua tendría un impacto mucho más amplio que el de salvaguardar únicamente los Bosques Protegidos. Prohibiría las actividades extractivas en todos los hábitats donde se encuentren especies endémicas. Se incluirían todas las especies endémicas, tengan o no protección. Dado el alto índice de endemismo de Ecuador, podría impedir que se explotara una gran parte del país.

Una campaña de concienciación pública basada en el Buen Vivir, un concepto fundamental de la Constitución ecuatoriana -Intag como Santuario para la Vida- está fuertemente respaldada por el Gobierno del Cantón de Cotacachi, con el alcalde expresando públicamente su interés en crear una ley local para declarar todo Intag y Manduriacos como Santuario de Vida. Esto lo pondría en conflicto con el gobierno nacional, que ha estado amenazando a los gobiernos locales con procesos penales si aprueban ordenanzas antimineras.

El 11 de septiembre, el juzgado de Cotacachi conoció la primera medida cautelar para detener inmediatamente el proyecto minero de Llurimagua¨*.

El caso gira en torno a dos especies de ranas amenazadas por el proyecto minero de Llurimagua: la rana arlequín hocicuda y la rana nodriza confusa. La primera estaba catalogada por la UICN como extinta hasta su inesperado redescubrimiento en el 2016; ambas son endémicas de los bosques afectados por la concesión minera. Otras dos docenas de especies, como el águila andina, una especie de mono araña y el oso de anteojos, también están en peligro de extinción.

En la audiencia, el herpetólogo más conocido de Ecuador, Juan Manuel Guayasamín, dio un testimonio sobre las ranas endémicas, mientras que el mastólogo, el profesor Diego Tirira, el biólogo de la Universidad de Sussex, Mika Peck, y Javier Morales, de la Defensoría del Pueblo, presentaron Amicus Curiae (Amigos de la Corte) sobre la importancia de la región y las amenazas a las que se enfrentan varias especies.

Comunidades

Por el contrario, los abogados del gobierno sólo presentaron un Estudio de Impacto Ambiental defectuoso con 235 observaciones que aún “están trabajando para resolver”.

Carlos Zorrilla dijo: “Un problema que enfrentan todos los casos judiciales basados en los Derechos de la Naturaleza es que es raro encontrar un juez o un abogado que lo comprendan totalmente.

“Si perdemos, llevaremos el caso hasta la Corte Constitucioal, ya que consideramos que hay pruebas irrefutables de que la minería en los bosques de Íntag violará los Derechos de la Naturaleza, provocando la extinción de las dos ranas endémicas, y empujando a otras hacia la extinción”.

Independientemente del resultado del caso, no le debería corresponder a las comunidades o a los tribunales garantizar el buen comportamiento de las empresas mineras o de los gobiernos nacionales. Deben llegar a reconocer por sí mismos que los derechos sobre los minerales no les dan luz verde para cometer graves delitos medioambientales o violar derechos humanos.

El mundo necesita lugares que permanezcan intactos; en los que el riesgo de lo que podamos perder supere cualquier posible beneficio económico. Íntag es uno de esos lugares.

Rebekah Hayden hace campaña con el Rainforest Action Group (Melbourne), un grupo de trabajo de base comprometido con asegurar el futuro ecológico de la Tierra y una sociedad sostenible y equitativa en Australia, Ecuador y más allá.

Publicado en The Ecologist : https://theecologist.org/2020/sep/25/sanctuary-life-ecuador

Más información sobre la amenaza de la minería en Ecuador y el trabajo del Rainforest Action Group.

*Actualización: el 24 de septiembre el juzgado de Cotacachi dictaminó en favor del juicio y de las ranas, creando un precedente nacional trascendental. El caso fue apelado por el gobierno y se encuentra en la corte provincial de Imbabura (Carlos Zorrilla, 01–2021)

*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

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