Creando desastres ambientales de clase mundial, el caso del Ecuador

Cómo crear desastres ambientales de clase mundial: el caso del Ecuador

Carlos Zorrilla

Abstracto:

El texto expone el argumento de que una cierta combinación de factores sociales, políticos y ambientales puede hacer que la minería a gran escala sea especialmente destructiva y, a menudo, lleve a violaciones graves de los derechos humanos. Algunos de los factores analizados incluyen: regulaciones ambientales laxas, líderes cleptocráticos, la corrupción desenfrenada, agencias reguladoras débiles y la inexistencia de independencia de poderes. Los riesgos geológicos y ecológicos también son analizados, e incluyen: la pendiente del terreno, la composición del subsuelo mineralizado, los riesgos de terremotos y altas precipitaciones.

Intag, Ecuador, donde vivo y trabajo, se presenta como un escenario real donde convergen todos estos factores.

Cada país tiene su propio conjunto de factores que contribuyen a la creación de desastres ambientales. Estos van desde regulaciones ambientales laxas, líderes cleptocráticos, corrupción desenfrenada, instituciones reguladoras débiles, hasta de no contar con independencia de poderes, para mencionar solo algunos de los factores sociopolíticos más importantes. En el caso de la minería, que es lo que este texto analiza, los riesgos geológicos y ecológicos también pesan mucho. Estos incluyen, la pendiente del terreno, la composición del yacimiento, los riesgos sísmicos, el acercamiento de la mina a cuerpos de agua, y la alta precipitación. Al presentarse estos elementos- y otros más- en proyectos mineros, se crea el escenario para una tormenta perfecta de consecuencias inimaginables. Intag, Ecuador, donde vivo y trabajo, y donde cuatro empresas mineras transnacionales y diez gobiernos han intentado desarrollar una mina de cobre a gran escala, es uno de esos sitios.

Para algunos países, un factor importante para determinar la magnitud de la destrucción ambiental podría ser regulaciones laxas, las cuales permiten, o incluso alientan, a que las industrias extractivas reduzcan sus costos operativos traspasándolos a gobiernos locales, provinciales, nacionales, y a las generaciones futuras. Al igual que los incentivos fiscales, los cuales se analizan a continuación, la falta de regulaciones eficaces puede ser el resultado de políticas establecidas por instituciones internacionales de crédito, como el Banco Mundial, el FMI o entidades crediticias de control estatal, como los bancos de exportación e importación. Tampoco es inusual que las grandes empresas mineras dicten a los gobiernos lo que esperan ver en la legislación minera antes de invertir; una tarea a menudo asistida por embajadas del país de origen de las compañías. Un ejemplo cercano de estas estrategias es el caso de los Bosques Protectores del Ecuador dentro de los cuales, durante décadas, el estado prohibía actividades que dañaran el ambiente, incluyendo la agricultura y ganadería. Sin embargo, en los últimos tres años, cerca de cuarenta de estas áreas legalmente protegidas fueron abiertas a la minería industrial; una de las actividades económicas más dañinas del mundo.

En varios países, los incentivos fiscales en favor de la minería han jugado- y juegan, un rol clave en la creación de mega desastres ambientales y sociales. Atraídos por el bajo costo de operar, los incentivos atraen empresas e individuos inescrupulosos que se abusan de las protecciones e incentivos estatales para imponer proyectos mineros violentamente, atropellando derechos humanos, y degradando la naturaleza y culturas milenarias. Para evitar ser sancionadas, las empresas se escudan detrás de convenios internacionales o bilaterales, los cuales serán analizados más adelante.

Los incentivos fiscales pueden ser tan generosos que a menudo conduce a que la minería no solo no beneficie económicamente al país mayormente, sino que también motive la apertura de minas donde de otro modo no serían económicamente viables. Al recibir generosas desgravaciones fiscales, por ejemplo, una mina económicamente marginal en un entorno social o ambientalmente difícil de repente podría ser viable. Por otro lado, al limitar la responsabilidad de las empresas en actividades como el cierre y remediación de una mina, las compañías tienen luz verde para traspasar legalmente estas costosas actividades a los gobiernos locales y nacionales. En tales casos, las comunidades locales son las que terminan pagando los costos en términos de impactos a la salud, los cuales pueden perdurar generaciones. Del mismo modo, si las regulaciones son lo suficientemente permisibles, se les hace mucho más barato a las empresas pagar multas simbólicas por violar regulaciones en lugar de invertir en solucionar o evitar costosos problemas.

La mezcla nociva de regulaciones laxas salpicadas con corrupción hace recordar la espeluznante tragedia que terminó con el poblado de Bento Rodríguez en Brasil en 2015. En lo que Brasil calificó como su peor desastre ambiental, en noviembre de ese año, el muro de contención de una represa de relaves que contenía miles de millones de litros de desechos mineros tóxicos semilíquidos se rupturó, enviando un tsunami letal de casi tres metros de alto, arrasando el pueblo y cegando la vida a 19 de sus habitantes. El efluente finalmente llegó al Océano Atlántico a cientos de kilómetros de la mina, afectando el suministro de agua potable de cientos de miles de brasileños en las ciudades a lo largo del curso del Rio Doce. La tragedia pudo haberse evitado si el país hubiera tenido regulaciones más estrictas y si las hubiera aplicadas firmemente.

El otro factor común relacionado a estos tipos de tragedias es el afán de la industria de priorizar sus ganancias sobre las vidas de las personas y la calidad ambiental. Aquí hay que señalar que una de las empresas involucradas en el desastre antes mencionado, la anglo-australiana BHP, es una de las más grandes del mundo y considerada por la industria ambiental y socialmente responsable.

(In)Capacidad institucional

Para otras naciones, la incapacidad institucional para regular y controlar las industrias mineras desempeña un papel clave en la creación de pesadillas extractivas. Un gobierno podría estar tan enfocado en recibir rentas provenientes de la minería, que recortará drástica y deliberadamente el financiamiento a sus entes reguladoras. Sin capacidad de regular, las empresas sienten que tiene carta blanca para violar las licencias y planes de manejo ambiental, en perjuicio de poblaciones locales y el ambiente. Relacionado a ésta situación es la falta de voluntad de los gobiernos de aplicar sus regulaciones imparcialmente por temor de atentar contra los convenios antes mencionados, o de ahuyentar a potenciales inversionistas.

Como debe ser obvio, la incapacidad reguladora aumenta las posibilidades de que se produzcan catástrofes ambientales y violaciones a los derechos humanos. Esta estrategia desreguladora fue un objetivo principal de algunas de las instituciones financieras internacionales hace un par de décadas, y de modo especial, del Banco Mundial. El objetivo declarado del Banco Mundial, en aquel entonces, fue de promover el “desarrollo” en países en vías de desarrollo. Su verdadera intención era beneficiar los intereses mineros transnacionales y las economías de las naciones del norte. ¿El resultado final? Recursos naturales baratos para las economías industrializadas.

El Banco implementó un programa de esta naturaleza en el Ecuador a principios de la década de 2000 llamado PRODEMINCA. Una de las áreas financiadas fue la modificación exhaustiva de la legislación minera para hacer el país “más competitivo”. Ecuador no fue el único país “beneficiado” por esta política; lo hizo en 100 otros países. Dos de los resultados más exitosos fueron la eliminación de la mayoría de los controles ambientales, y la eliminación por completo de las regalías, lo cual equivale a un impuesto que las empresas deben pagar a los países por extraer sus recursos no renovables. En el 2009, el Ecuador enmendó la Ley Minera y resolvió algunos de las políticas más dañinas.

En términos muy generales, las iniciativas para desregular las industrias se justifican de la siguiente manera: cuanto menos regulación y control (menos trabas burocráticas), menos costoso y más fácil se le hace a las industrias extractivas explotar los recursos naturales, por tanto, más atractiva la inversión. Sobra señalar que la falta de control y regulación efectiva e imparcial comúnmente genera más contaminación, deforestación, y otros tipos de afectaciones a la naturaleza y poblaciones locales. En fin, lo que las empresas desean es aumentar sus ganancias y satisfacer a sus accionistas- cueste lo que cueste, y para ello es indispensable abaratar costos. Al final del día, tal como ha sido el patrón durante siglos, los recursos del Sur terminan alimentando las economías del Norte, donde se radican las empresas, ya que son ellas las que pueden convertir los materiales básicos en productos terminados; como la China, por ejemplo. El gigante asiático consume aproximadamente el 50% de la mayoría de los metales del mundo, es campeona por irrespetar derechos humanos y laborales, y por sus operaciones contaminantes.

No solo las grandes…

Las grandes corporaciones no son los únicos actores que se benefician de regulaciones laxas y la falta de control. Éstos también permiten que la minería artesanal y la de pequeña escala en muchos casos se salga con la suyas, provocando terribles delitos ambientales y atropellando derechos humanos. El mundo está trágicamente repleto de deforestación, masiva, invasiones violentas de territorios, ríos cargados de mercurio y asesinatos de activistas. Muchos de estos impactos afectan a los pueblos indígenas y no indígenas en todo el mundo, generalmente en lugares alejados del público y donde pocos periodistas visitan.

Corrupción e impunidad

La corrupción desenfrenada es otro ingrediente clave que potencia la devastación. Al aprobar licencias o permisos ambientales defectuosos y exigir menos cumplimiento, funcionarios corruptos abaratan costos significativamente para las empresas. Por unos pocos miles de dólares, por ejemplo, reguladores pueden aprobar estudios deficientes destinados a identificar, mitigar o evitar impactos sociales y ambientales de las operaciones mineras.

En el proyecto minero en mi patio trasero, he constatado cuán profundamente deficientes han sido los Estudios de Impacto Ambiental aprobados por las agencias gubernamentales a pesar de carecer de información indispensable para tomar decisiones informadas sobre cómo evitar o reducir los impactos de las actividades mineras propuestas. Por ejemplo, la información climática utilizada provino de ecosistemas completamente diferentes al ecosistema donde se ubica el proyecto minero. Tampoco el estudio de impacto ambiental contó con suficiente información sobre la distribución anual de precipitaciones, ni sobre los caudales ecológicoa de los ríos. La omisiones parecen ser parte integral de estas licencias o permisos “compradas”. Las omisiones varían enormemente, pero pueden incluir no reportar la presencia de especies de animales en peligro de extinción, no informar sobre el potencial de drenaje de ácido de mina, ignorar la existencia de fallas geológicas, etc. Si no se identifica en los diferentes estudios, la construcción de una represa de relaves sobre una falla geológica podría resultar en un desastre ambiental como el de Brasil, por ejemplo. De igual manera, al no contar con registros pluviométricos de muchos años, no se podría evaluar los riesgos de eventos de lluvias extrema, como el caso del fenómeno El Niño en el Ecuador.

Es necesario resaltar el rol que la corrupción juega en lavar la imagen de las corporaciones. Esto ocurre cuando los reguladores emiten informes de cumplimiento para operaciones obviamente contaminantes, o que se encuentran violando normas ambientales o laborales. Ésta es una estrategia importante que la mayoría de las empresas utilizan para calmar los temores de los inversionistas, evitar alertar al público en general, y neutralizar la posible o actual resistencia local.

Estrechamente vinculado a la corrupción es el ambiente de impunidad que crea. En esencia, la impunidad refleja una falta de respeto del estado de derecho que, aunque no es tan visible como otros factores, es un componente poderoso en la creación de desastres ambientales y violaciones de derechos humanos. Por tanto, no debería sorprender descubrir una fuerte correlación entre los asesinatos de activistas de derechos humanos y de derechos ambientales y las altas tasas de impunidad (como en el caso de México, Colombia y Brasil; países con tasas de asesinato vergonzosamente altas de activistas).

Convenios

Otro factor muy importante pero poco conocido que muchas veces sienta las bases para los desastres ambientales son los tratados internacionales, regionales o bilaterales de libre comercio y protección de inversiones. Éstos son acuerdos que los países firman para promover el “libre comercio” y proteger y fomentar inversiones extranjeras directa. Estos, a menudo, son extremadamente onerosos para los países en desarrollo, y a menudo, son firmado bajo presión de las Instituciones Financieras Internacionales para poder recibir créditos. El incumplimiento de cualquier parte de los acuerdos, especialmente los Acuerdos de Inversión Bilaterales, puede desencadenar demandas multimillonarias o incluso de miles de millones de dólares por parte de las empresas en contra un país signatario. Por tanto, no es raro que los países se abstengan de tomar medidas eficaces para proteger a sus ciudadanos o su ambiente por temor de terminar en uno de varios tribunales internacionales enfrentando una corporación multinacional, cuyos ingresos pueden exceder el presupuesto fiscal anual de una nación.

En el caso de Ecuador, por ejemplo, su presupuesto de 2017 fue de 32.3 mil millones de dólares. Los ingresos para el mismo año de la BHP, una de las mineras más grandes del mundo con una presencia notable en la Nación Andina, fue de 44,11 mil millones de dólares. La presión para cumplir con el libre comercio y los acuerdos bilaterales pueden ser tan intensos que a veces obligan a las naciones a cambiar su legislación.

Un ejemplo de las consecuencias de estos tratados de inversión es el caso de Copper Mesa versus Ecuador; un caso muy cercano, y en el cual yo participé como testigo contra la empresa. La minera canadiense, a pesar de las múltiples ilegalidades documentadas en Intag, ganó un laudo en el 2018 por 20 millones de dólares contra el Ecuador. Ganaron a pesar de que el tribunal reconoció que la compañía violó la ley penal ecuatoriana al usar paramilitares y fomentar encuentros violentos. En lugar de desestimar su reclamo, el tribunal de la UNCITRAL solo le multó a Copper Mesa 30% del laudo inicial. En comparación con varios otros casos en los que las empresas han ganado cientos de millones, los 20 millones es cambio suelto.

Consideraciones ecológicas

Dejando de lado las consideraciones políticas y sociales, hay una serie de otros factores que, en su conjunto, contribuyen significativamente a crear desastres ambientales. Los elementos geológicos y ecológicos son numerosos, pero incluyen la precipitación anual de un sitio, la pendiente del terreno, la cantidad de agua subterránea presente, el tipo de vegetación que cubre el área minera y el número de especies en peligro de extinción. No menos importante es la composición del yacimiento y la profundidad en donde se encuentra. Otros factores como los riesgos sísmicos de un sitio también podrían jugar un papel muy importante.

Profundo daño

Muy pocas personas conocen que la mayoría de los metales provienen de yacimientos que se encuentran a cientos de metros de profundidad. Los depósitos cerca de la superficie fueron minados hace décadas. Las empresas, por tanto, tienen que cavar cada vez más hondo para extraer los metales. Y cuanto más profundos son los cráteres, más cobertura de bosque, capa superficial y subsuelo deben ser detonados, removidos y desechados tan solo para poder acceder al mineral. Como consecuencia, cientos y a veces miles- de millones de toneladas de rocas y subsuelos suelen terminar en vertederos de desechos tóxicos. El material es tóxico porque el subsuelo en los sitios mineros no es “estéril”. El subsuelo desechado (llamado sobrecarga) generalmente contiene metales pesados, como plomo, arsénico, mercurio y cadmio, y otras sustancias tóxicas en cantidades que no son económicamente rentable procesar. No es infrecuente que el material desechado de las minas también contenga pirita de hierro, un compuesto responsable de generar el Drenaje Ácido de Minas (DAM), el cual aumenta considerablemente el potencial contaminante de una mina.

Los impactos del drenaje ácido de la mina son difíciles de comprender. Hay minas en Europa que drenan aguas ácidas con metales pesados las cuales se abrieron siglos antes de la era romana; como es el caso de las minas de Río Tinto en España. Es una situación que aún en día afecta a las operaciones mineras, y que la tecnología más moderna no puede predecir ni controlar adecuadamente. En algunas minas de los EE. UU. y Canadá, por ejemplo, se prevé que las aguas ácidas de mina requerirán remediación a perpetuidad. El potencial contaminante del DAM es especialmente problemático en las áreas de alta precipitación donde, por coincidencia, se encuentra la mayoría de los proyectos mineros a gran escala ecuatorianos.

Una mezcla letal

La pirita de hierro no es el único mineral clave para determinar los impactos ambientales de una mina. La mayoría del cobre en el oeste de Sudamérica, por ejemplo, de donde proviene la mayor parte del cobre del mundo, contiene arsénico, además de otros metales pesados, incluyendo el plomo y / o el mercurio. Estos venenos terminarán en los ecosistemas locales y, una vez que sean lixiviados de las rocas por la acción del agua ácida, serán transportados por ríos y acuíferos subterráneos lejos de las minas. De hecho, la ubicación de una mina en las partes altas de un ecosistema puede contaminar varios ríos y fuentes de agua de comunidades kilómetros distantes de las minas. Aparte de la contaminación de los ríos y fuentes de agua potable, el agua tóxica también contaminará a los cultivos irrigados con el agua. Y, como los ríos desembocan en los océanos, los metales pesados que fluyen desde las minas suelen terminar en ecosistemas costeros, causando estragos a los recolectores de mariscos, negocios de acuicultura, pescadores, y otros actores que dependen de ecosistemas marinos saludables para la supervivencia.

La tormenta perfecta

Desafortunadamente el Ecuador impulsa ciegamente el desarrollo minero en un momento en el que el país incorpora casi todas las condiciones anteriores mencionadas, garantizando que será el escenario de más que un desastre ambiental de clase mundial. En los últimos tres años, por ejemplo, Ecuador debilitó severamente sus regulaciones ambientales, al mismo tiempo que aprobó una larga lista de generosas deducciones fiscales y otros incentivos fiscales para atraer la inversión minera. Eso, en sí mismo, es suficiente como para garantizar desastres ambientales y violaciones a derechos humanos, pero Ecuador también es uno de los países más corruptos del mundo. La pequeña nación andina también es campeona cuando se trata de líderes cleptócratas. El expresidente Rafael Correa y varios otros en su administración están siendo investigados en relación con una serie de escándalos de corrupción, que ya han llevado a su exvicepresidente a la cárcel.

Los males no terminan ahí. La capacidad institucional del país para controlar la minería es deplorable. La falta de control ha dado lugar a numerosas operaciones mineras ilegales que, aunque son denunciadas en los medios nacionales, el gobierno es incapaz de frenarlos. Mientras tanto, destrozan el medio ambiente e impactan a las culturas de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. De hecho, la mayoría de las organizaciones de derechos humanos, medioambientales e indígenas en Ecuador sostienen firmemente que ni una sola concesión minera en el país es legal, incluidas las otorgadas a grandes corporaciones, ya que fueron otorgadas violando el derecho constitucional de las comunidades de ser consultadas antes de permitir actividades mineras. La falta de la consulta previa se está convirtiendo en el principal problema que enfrenta la iniciativa minera del gobierno.

Otro factor importante pero poco mencionado en la creación de desastres ambientales, es la inexistencia de independencia de poderes, lo cual puede ser un factor decisivo para determinar lo devastador que pueden ser proyectos extractivos. Hasta hace muy poco, en el Ecuador no se podía había de independencia de poderes, por lo que las poblaciones afectadas sentían que no tenían ningún recurso legal para defender sus derechos, sus tierras o medios de subsistencia. Incluso hoy en día, a pesar de algunos cambios positivos bajo el mandato del nuevo presidente del país, Lenin Moreno, muchas comunidades desconfían del sistema judicial del país.

Componentes ambientales

Como en el caso de los factores sociopolíticos, casi todos los factores ambientales que contribuyen a las pesadillas mineras también se encuentran en el Ecuador. Para citar un proyecto con el que estoy familiarizado, el cobre que se encuentra en el bosque nuboso primario en la biodiversa Cordillera de Toisan, en Intag, esta mezclado con arsénico, plomo, cadmio y cromo (el proyecto se encuentra en la fase de exploración avanzada y es operado por la estatal chilena Codelco). Dado que el porcentaje de cobre del yacimiento es de tan solo del 0,5%, significa que el 99,5% de cientos de millones de toneladas del subsuelo mineralizado terminarán como desechos mineros. Debido a la alta pluviosidad existente y las piritas generadoras de aguas ácidas, el material procesado generará drenaje ácido de mina durante varios siglos. La gran profundidad en donde descubrieron el yacimiento de cobre aumentará los impactos.

Biodiversidad Extrema

Aunque se encuentra fuera de la cuenca del Amazonas, el proyecto minero de Llurimagua, arriba mencionado, así como la mayoría de las concesiones mineras del Ecuador, se encuentra dentro del Hotspot de Biodiversidad de los Andes Tropicales; La región con mayor biodiversidad de nuestro planeta. Para tener una mejor idea de la importancia biológica de esta área, las concesiones mineras en esta parte del Ecuador cubren bosques que albergan cientos de especies de animales en peligro de extinción; Incluyendo a varios en peligro crítico. En algunos países del norte, un proyecto minero puede ser frenado al encontrar una especie de anfibio o ave en peligro de extinción En contraste, en estos bosques existen osos andinos, monos, aves, y varios anfibios en vías de extinción**. Los bosques que se encuentran dentro de la concesión Llurimagua son el hábitat de una especie de rana que, hasta el 2016, se creía extinta, la cual no se ha reportado en ningún otro lugar del mundo. Y, en 2019, otra especie de rana nueva para la ciencia fue descubierta en el área minera que, igualmente a la anterior, no se ha reportado en otras partes del Ecuador. Estos mismos bosques son utilizados por las comunidades para el turismo ecológico, y protegen decenas de ríos y arroyos prístinos. Si eso no fuera suficiente, el sitio donde se descubrió el cobre en Intag se ubica en una zona sísmicamente activa y la topografía es muy escarpada. Para complicar aún más el panorama, es un lugar de alta pluviosidad; en años normales llueve entre tres y cuatro metros al año al año. En resumen, hay muy pocos sitios en el mundo que, dados todos estos factores, una operación minera serían tan destructiva para el medio ambiente y comunidades como este,

Sí, pero…

No faltan los que argumenten algo como: “necesitamos metales para nuestro bienestar”. Sin duda, pero también necesitamos mucho más que metales para vivir bien. Comenzando con un clima equilibrado, aire y agua limpios, y ríos y océanos saludables; sin mencionar lugares naturales para recrearnos. Así como uno nunca soñaría con derribar las Notre Dame del mundo o convertir lugares como el Gran Cañón de Colorado en minas a cielo abierto, también hay muchos otros lugares en el planeta que constituirían delitos ambientales y culturales destruirlos para alimentar la sed insaciable de la industria. Ecuador está lleno de estos lugares. El contexto es esencial: la mayoría de los metales se utilizan en artilugios y artículos de lujo no indispensables para las vidas, y que a menudo terminan siendo tirados después de un par de años de uso. Por otro lado, uno tiene que preguntarse cuántos individuos de “el mundo en desarrollo” podrá adquirir bienes de consumo como vehículos eléctricos, los cuales requerirán millones de toneladas de cobre, níquel, cobalto y otros metales raros. La verdad incómoda es que la mayoría de los metales son consumidos por los ciudadanos de un puñado de naciones ricas, mientras que las consecuencias ambientales, sociales y culturales son asumidas por los ciudadanos de las naciones más pobres donde se extraen los metales.

Fundamentos

Uno puede mirar la creación de desastres ambientales de clase mundial con la misma óptica de la construcción de rascacielos. Para que el edificio no se derrumbe y cause pérdida de vidas, tiene que contar con, entre otras cosas: materiales de alta calidad, planes perfectos, supervisión eficiente e imparcial y regulaciones estrictas de principio a fin. Es especialmente importante que tenga cimientos sólidos. En el caso de la minería en general, y el problema es aplicable a la mayoría de las actividades económicas de la humanidad, si los cimientos son defectuosos, pone en riesgo a toda la operación.

Los defectos en los cimientos tienen que ver con el exagerado valor que la mayoría de los seres humanos le da al bienestar económico y material, y al crecimiento sin fin. Es en la promulgación de esta lamentable perspectiva humana que los políticos encuentran su inspiración y apoyo psicológico para aprobar proyectos mineros que, sin duda, violan derechos humanos, impactan a los pueblos ancestrales, destruyen el hábitat de cientos de especies en peligro de extinción, contaminarán el aire, y la tierra con metales pesados, y hace rentable para las empresas contaminar los ríos durante cientos de años. Estos mismos valores patas arriba ha socavado gravemente el control climático planetario y lo ha llevado al borde del colapso. Sin embargo, funcionarios del gobierno de todo el planeta siguen aprobando actividades económicas destructivas en tierras indígenas, áreas vírgenes, bosques nativos y otros ecosistemas altamente frágiles.

A los que estamos tratando de reparar los fundamentos somos acusados de todo, desde ser anti-crecimiento, ambientalistas infantiles, hasta ecoterroristas. Sin embargo, los sistemas de soporte vital que indiscutiblemente están en declive nos dicen que tenemos razón.

Esperanza

Es fácil perder la esperanza al enfrentar el escenario descrito. Sin embargo, la respuesta de la sociedad civil ecuatoriana a la política minera ha sido alentadora. En los últimos tres años, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos y ambientales y nacionalidades indígenas se han unido como nunca antes para oponerse a lo que consideran un modelo de desarrollo obsoleto. Un modelo basado en el extractivismo y en valorar más lo que yace en el subsuelo de que lo que yace encima. Uno de los grupos más exitosos y diversos en el Ecuador enfocado en resistir el extractivismo es el colectivo llamado Caminantes. Nuestro objetivo es hacer todo lo posible para evitar que la minería destruya la riqueza verdadera del país: su inigualable diversidad biológica, sus ríos, bosques, páramos y otros ecosistemas frágiles, así como sus tierras fértiles y, sobre todo, sus pueblos y culturas. En esencia, se trata de asegurar un sistema de vida sustentable, seguro y equilibrado para nuestra, y futuras generaciones.

Aunque algunas minas a gran escala están muy cerca de comenzar en el país, hasta la fecha, Ecuador es la única nación andina sin minería de metales a gran escala. Creemos que aún hay esperanza, especialmente después de dos recientes triunfos en los tribunales por parte de grupos indígenas, en base a la violación por parte del gobierno de su derecho constitucional a la consulta previa. Decepcionante, pero tal vez no sorprendente, las decisiones están siendo apeladas agresivamente por el Poder Ejecutivo, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente. Hay mucho en juego en estos, y otros casos similares que están próximo a presentarse ante las cortes. Si los tribunales logran reclamar y asegurarse de su independencia, tal como hay indicios de que lo están haciendo, y si el país puede abordar otros factores claves, como controlar la corrupción y fortalecer las instituciones reguladoras, el Ecuador tiene una buena posibilidad de evitar convertirse en sede de desastres ambientales de clase mundial y, al mismo tiempo, garantizar un futuro sostenible y biodiverso para sus ciudadanos.

**Hasta agosto del 2022, 61 especies de animales y plantas en peligro de extinción han sido identificadas dentro del área minera Llurimagua. Es probable que existan muchas más. Las especies incluyen dos monos, osos de anteojos, 22 especies de ranas, un pez, orquídeas y aves.